El primero es de autoría de Ramiro Ávila Santamaría, quien analiza el funcionamiento del sistema penal y su realidad desgarradora. En su ensayo plantea cuestionamientos muy importantes: ¿Es casual que la mayoría de gente que habita en nuestras cárceles sea pobre? ¿Existe alguna explicación y justificación para este fenómeno social? ¿Tiene relación la organización social y política con el funcionamiento del sistema penal? ¿Cómo se caracteriza a un derecho penal consistente con estado constitucional de derechos? Sus reflexiones concluyen estableciendo las condiciones para la existencia de un derecho penal constitucionalizado.
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El segundo artículo, escrito por Roberto Gargarella, revisa los problemas teóricos que enfrenta la justificación del uso de la coerción penal, en circunstancias donde existe una fuerte e injustificada desigualdad social. Su análisis refleja la complejidad del tema penal, la importancia de realizar un abordaje que no descuide las dificultades que el hecho plantea y lo perverso que resulta utilizar esas dificultades como excusa para seguir justificando o avalando lo inaceptable.
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Buenos artículos, coincido plenamente en que la peor respuesta que una sociedad democrática puede dar a problemas tan serios es el encerrar a las personas y alejarles, como dice Gargarella, de las personas que les dan respeto y afecto. las vulneraciones que sufren las personas privadas de libertad -que siempre son las más pobres- son, muchas veces, más graves que el dolor que pueden haber causado con sus actos.
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